El proyecto, que lleva más de 60 años esperando ser explotado, tendría una mayor producción anual de cobre que Tía María y Los Chancas, los otros proyectos peruanos de Southern Copper.
Southern Copper se adjudicó Michiquillay, y con ello se cerraría la larguísima historia de idas y vueltas que ha rodeado al proyecto desde que fue descubierto hace 60 años. Tras una serie de demoras en su licitación, que tuvo que ser pospuesta hasta en dos oportunidades durante el 2017 primero con el fin de que participen más actores internacionales, la segunda por la crisis política y problemas en el diseño de su contrato, el proyecto cuprífero ubicado en Cajamarca por fin tiene dueño.
Southern ofreció US$400 millones más una regalía minera de 3% porcentaje de las futuras ventas netas de los costos de transporte y refinación. “La regalía anual sería alrededor de US$35.2 millones. Dado que la vida de mina del proyecto supera los 30 años, el valor presente de la regalía es alrededor de US$352 millones”, indica un reporte de Kallpa SAB. Así, el valor total pagado por Southern estaría alrededor de los US$752 millones, o un precio por libra de cobre in situ de US$0.05/lb, según Kallpa. Milpo, que no pudo superar la oferta de Southern, ofreció US$250 millones y una regalía de 1.875%.
Se estima que Michiquillay tiene recursos por aproximadamente 16,000 millones de libras de cobre. Requiere de un capex inicial —inversión de capital— de US$1,950 millones, y el MEM estima que podría alcanzar una producción anual de 187,000 TMF de cobre. Tanto Los Chancas como Tía María, los proyectos mineros que actualmente tiene Southern en el Perú, producirían 120,000 TMF. No obstante, es un proyecto que todavía está en una fase temprana, ya que sólo cuenta con estudio de prefactibilidad, un estudio preliminar en cuanto a proyectos mineros se refiere.
El camino por delante
Adjudicada la buena pro, Southern deberá desembolsar US$25 millones al firmar el contrato y US$25 millones adicionales luego de terminado el tercer año del llamado periodo de suspensión, etapa que inicia tras suscribirse el contrato en la que la empresa debe obtener las autorizaciones de uso de los terrenos que requerirá para desarrollar el proyecto. Posteriormente, deberá pagar el 50% del saldo (US$175 millones) al finalizar el cuarto año del periodo preoperativo —el siguiente al periodo de suspensión— y el 50% adicional al término del quinto año de dicho periodo.
No obstante, la firma del contrato no sería instantánea y tardaría alrededor de 40 días. En este tiempo, tanto Southern como ProInversión y el MEM implementarán una serie de acciones dentro de la zona de influencia del proyecto —las comunidades de Michiquillay y La Encañada— para que la transición sea lo más fluida posible. Del pago que realizará Southern como parte del monto de transferencia y la regalía contractual, el 50% irá al Fondo Social Michiquillay, creado para ejecutar proyectos de desarrollo sostenible en la zona de influencia directa.
Así, Southern tendrá la misión desde el primer día de consolidar un apoyo importante hacia el proyecto que le permita avanzar sostenidamente en una región históricamente complicada como Cajamarca; para ello se valdrá de lo aprendido en experiencias como Tía María.
Todo da vueltas
La historia de Michiquillay termina en donde empezó: en manos de Southern Copper. Entre 1957 y 1958 la empresa Northern Perú Mining Company descubrió el yacimiento cuprífero cuando comenzó a hacer trabajos de exploración en la zona. Dicha minera le transfirió la concesión a la centenaria minera ASARCO, una empresa estadounidense que era accionista mayoritaria de la entonces llamada Southern Perú Copper Corporation, otra minera estadounidense nacida en el estado de Delaware en 1952, hoy mejor conocida como Southern Copper.
Si bien ASARCO se mantuvo diez años en la zona haciendo trabajos de exploración, en octubre de 1970 las concesiones revirtieron al Estado, asignándose el proyecto a la empresa estatal Minero Perú, que se asociaría con una serie de empresas japonesas para crear Michiquillay Copper Corporation. El proyecto fracasaría, y con el tiempo se irían vendiendo y/o priorizando otros como Tintaya, Marcona o Cerro Verde. Aunque se intentó vender el proyecto en 1993, su alto costo y bajo retorno hizo que no tuviera postores, según Marita Chappuis, consultora en temas económicos y ambientales mineros.
En el 2007, tras una licitación realizada por ProInversión, la minera inglesa Anglo American se adjudicó el proyecto, a realizarse por medio de una iniciativa privada sostenible (IPA). Sin embargo, siete años más tarde, se retiró del mismo para enfocarse en su propia cartera de proyectos.
Posteriormente, la minera Milpo —que perdió la licitación de ayer contra Southern— propuso en el 2015 una nueva IPA al proyecto. No obstante, la minera anunció que se retiraba del desarrollo de Michiquillay a mediados del 2017 al no estar de acuerdo con las modificaciones que el MEM hizo a la IPA. Este desacuerdo originó que tanto el MEM como ProInversión cambiaran la modalidad de licitación a una iniciativa del Estado.
Luego de 60 años, Michiquillay podría estar por fin encaminado a alcanzar todo su potencial productivo y volverse una de las operaciones cupríferas más grandes del país.
FUENTE:
SEMANA ECONÓMICA
SyF – Ingeniería para la Gestión, Lima 28 de febrero del 2018
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